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-La formación y la coordinación en todos los niveles, además de la concienciación de los consejeros, son los retos a los que se enfrentan las Comisiones de Auditoría para cumplir con su rol en materia de ESG
-La ciberseguridad destaca como el principal riesgo no financiero, seguida por la ética corporativa y las emisiones y huella de carbono
El 54% de los consejeros y miembros de las Comisiones de las principales compañías cotizadas y no cotizadas en España, considera que la Comisión de Auditoría es la principal responsable de elevar los asuntos ESG (por sus siglas en inglés, Environmental, Social y Governance) al Consejo de Administración, por delante de la Comisión de Sostenibilidad. Este es uno de los principales datos del estudio ‘El rol de la Comisión de Auditoría en asuntos ESG’, elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo de Esade, PwC España y el Instituto de Auditores Internos de España, que analiza la opinión de más de un centenar de consejeros y tiene como objetivo identificar las necesidades actuales de las Comisiones de Auditoría para afrontar su rol esperado en materia de ESG, además de las tendencias y de los nuevos retos asociados a las mismas.
“La aparición de los asuntos ESG en la agenda de los Consejos ha generado cambios tanto en su configuración —desarrollo de nuevas Comisiones— como en la asignación de responsabilidades, modificando el statu quo anterior y exigiendo a las compañías adaptar el papel y funciones de cada una de sus Comisiones a esta nueva situación” ha destacado Mario Lara, director del Center for Corporate Governance de Esade y director de Esade Madrid. “En este estudio hemos querido focalizarnos en la Comisión de Auditoría y Control, que es probablemente la Comisión en la que más impacto ha tenido este nuevo ámbito”.
Formación, coordinación y concienciación, claves
Los consejeros consultados subrayan que el proceso de definición de los roles del Consejo y de las Comisiones en los asuntos ESG se encuentra en la actualidad “en el principio del principio”, y a ello hay que sumar el rápido desarrollo de marcos normativos, regulatorios y estándares en este ámbito. Por ello, el estudio destaca la importancia de la formación, tanto a nivel individual como en conjunto, para reforzar el conocimiento y la experiencia en el ámbito ESG, especialmente en todo lo relativo a aspectos medioambientales.
Los autores del estudio inciden, además, en la importancia de mejorar la coordinación entre las comisiones, para evitar solapar funciones entre las diferentes áreas. En esta línea, un 92% de los encuestados apunta al reporting no financiero como el área donde las Comisiones de Auditoría orientan su enfoque, pero existe un solapamiento con la Comisión de Sostenibilidad. Por ello, este sería el ámbito que requiere “de un mayor esfuerzo de clarificación por parte del Consejo y también en la asignación de competencias”. Por detrás, aparecen los sistemas de control interno (83%) y la gestión de riesgos ESG (76%) como las principales áreas en las que trabajan las Comisiones de Auditoría. Debido a esto, el estudio recomienda revisar y actualizar los reglamentos de las Comisiones, “para asignar con claridad las responsabilidades y las competencias a cada órgano”.
Por otro lado, en el informe se identifica al Consejo de Administración como el responsable de impulsar la concienciación de los consejeros, a la vez que se propone desarrollar una guía de control interno sobre la información no financiera para las compañías cotizadas. Asimismo, los autores sugieren incrementar la inversión en tecnología y en el uso de herramientas que potencien la automatización de la recogida y del análisis de datos. La última línea de mejora apunta al papel del auditor interno, que según los expertos debe mejorar su conocimiento y especialización en materia ESG. El principal rol de este perfil, según el estudio, es la revisión y la verificación de la información no financiera (65%), seguido por el aseguramiento de los riesgos ESG (56%), que engloba la evaluación de materialidad, la revisión de métricas y de informes ESG. 
Por último, debido a la complejidad y a los cambios en este entorno, un 68% de los encuestados considera a la ciberseguridad como el principal riesgo no financiero. Este riesgo, que se ha incrementado y que puede afectar en el corto plazo, puede tener un impacto en el cumplimiento, la reputación o incluso la paralización de operaciones. “La ciberseguridad puede generar importantes costes y también afectar gravemente a la sostenibilidad del negocio”, defiende el estudio. A ella hay que sumar la ética corporativa (45%), que incluye elementos como el fraude, el blanqueo de capitales o la anticorrupción; y las emisiones y huella de carbono (39%). Además, los expertos consultados señalan al capital humano como un riesgo creciente, en relación con la rotación de la plantilla, a lo que hay que sumar la captación y la retención del talento.