Autor: Javier Faleato, director general del Instituto hasta 2021.

Publicado en DBS

España ha aprobado en el último año más de 12.000 nuevas normas legislativas, el 70% de ámbito autonómico y el 15% estatal, a las que se suman otras locales y europeas. Una profusión normativa, no solo difícil de comprender, sino casi imposible de abarcar. 

Lo sabemos bien los auditores internos, pues entre otras actividades supervisamos y ofrecemos aseguramiento a nuestros órganos de gobierno sobre la gestión del riesgo de cumplimiento: complejidad, duplicidades y, en ocasiones, contradicciones entre disposiciones legales, componen el agitado océano normativo por el que navegan las empresas. 

Deberíamos preguntarnos si los recursos que destinamos a entender las normas e implantarlas, hacen que descuidemos los propósitos principales de la empresa: alcanzar objetivos, crecer, generar empleo y valor para sus stakeholders.

La hiperregulación acentúa el riesgo de incumplimiento para las empresas, y como tal debemos analizarla, haciendo que empresas y administraciones establezcan más puntos de contacto para mejorar el conocimiento de los entornos y cumplir así con sus respectivas misiones sin erosionar la actividad y la competitividad. 

El informe Risk in Focus 2020 que elaboramos conjuntamente ocho institutos de Auditores Internos europeos y que identifica los principales retos que deberán abordar las empresas en 2020 señala el «cambio normativo y el cumplimiento» como el segundo riesgo más importante para las compañías por detrás de la seguridad de TI y de datos. Más de la mitad de los entrevistados mencionaron la carga regulatoria como uno de los principales riesgos para las organizaciones y por tanto, que deberá estar en el foco del auditor interno como supervisor de la gestión de riesgos.

La legislación y la normativa empresarial global en su conjunto es cada vez más compleja en sectores como el asegurador o el financiero, que soportan la mayor supervisión. Las empresas de este último gastan en la actualidad hasta el 10% de sus ingresos anuales en cumplimiento, según el citado informe.

A esto hay que añadir el incremento de la supervisión antimonopolio, anticorrupción y de blanqueo de capitales que ha introducido importantes sanciones por parte de las autoridades jurídicas europeas con carácter disuasorio. 

El ritmo regulatorio actual aumenta el riesgo de incumplimiento normativo, que tiene un impacto obvio en las ganancias comerciales, además de la posible pérdida de ingresos y una imagen negativa en los medios. El efecto inhibidor de la regulación es difícil de calcular, pero el aumento de la carga de trabajo y el costo financiero son evidentes.

Las empresas necesitan leyes, sí, pero sin erosionar su actividad y su competitividad. Necesitamos normas, pero inteligentes, claras y si es posible en menor cantidad para lograr el necesario equilibrio entre protección y eficiencia. Un marco normativo estable y lógico que aporte seguridad, estabilidad y que huya del permanente cuestionamiento y desequilibrio. Lo contrario acabaría abocando a las empresas a la parálisis.