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Autor: Ernesto Martínez Gómez, presidente del Instituto de Auditores Internos de Españaç
Publicado en Grupo Vocento
Cuando estamos a las puertas de comenzar una nueva campaña electoral, no debemos dejar pasar la oportunidad de reevaluar el sector público español. La preocupación por su productividad y eficiencia y su evolución en los próximos años debería ocupar las agendas de nuestros políticos durante la campaña, y guiar la acción del futuro gobierno.
No en vano este sector gestiona un gasto público equivalente que ronda el 45% del PIB (en promedio durante los últimos 20 años), aporta un 20% del Valor Añadido Bruto nacional y ocupa a alrededor de un 20% de la población activa. Por tanto, la mejora de sus modelos de gobierno y el establecimiento de controles robustos y eficientes es muy relevante para el buen funcionamiento de la “empresa” más grande de España.
Hace varios años que el sector privado emprendió un proceso de mejora de su modelo de gobierno corporativo, su cultura de gestión de riesgos y de control interno, gracias en gran medida a que el poder legislativo incrementó, y continúa en ello, las responsabilidades de los Consejos y Comisiones de Auditoría de las empresas.
La reforma del Código Penal, la Ley de Sociedades de Capital, la Ley de Auditoría de Cuentas o el Código de Buen Gobierno de la CNMV, entre otras normas y recomendaciones, han propiciado en los últimos años el establecimiento de una gobernanza más sólida, así como el desarrollo de las necesarias funciones de supervisión y control como la Auditoría Interna.
Estos avances en los sistemas de gobierno corporativo y la gestión de los riesgos facilitan el acceso a un mercado de capitales globalizado y ayudan a ganarse la confianza de clientes, accionistas, empleados y otros grupos de interés.
Aplicando esta misma lógica al sector público español, éste tiene ante sí la oportunidad de mejorar mucho más allá en la percepción de sus principales stakeholders (los ciudadanos) yendo hacia una mejora de la gestión en términos de eficacia y eficiencia de sus servicios. Además, el sector público que es de todos es esencial que presente una ejemplaridad ética.
Así lo manifiestan las mejores prácticas internacionales, a las que se unen las recomendaciones de la Confederación Europea de Institutos de Auditores Internos. Para ayudar a las organizaciones públicas en las que no existe Comisión de Auditoría, ECIIA ha publicado un documento de posición sobre las comisiones de Auditoría en el sector público europeo que describe los beneficios que este órgano aporta en los organismos públicos en los que existe, los que puede aportar en países como el nuestro, y los obstáculos existentes para establecerlos.
Nos encontramos ante una gran oportunidad: que el próximo Gobierno de España, lo ostente quien lo ostente, lidere una progresiva transformación del sector público para alinearlo con países de nuestro entorno y con las mejores prácticas internacionales.
El objetivo siempre, tanto en el sector privado como en el público, es fortalecer los mecanismos de control de riesgos y gobierno para optimizar el funcionamiento de empresas e instituciones, presididas por un liderazgo ético que demanda la sociedad.
En este sentido, la máxima autoridad mundial en Control Interno, el Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO), define este como “un proceso, responsabilidad del máximo órgano de gobierno de la organización, desarrollado por toda la entidad y diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en la cobertura de los riesgos que amenazan la consecución de los objetivos de las entidades”.
Para que el sistema de control interno funcione debe estar integrado en la gestión de las organizaciones e involucrar a todas las personas a todos los niveles, para lo que es imprescindible que las áreas dedicadas a supervisar los sistemas de control cuenten con la autoridad, independencia y recursos para cumplir su misión.
Como parte de este sistema, el auditor interno examina hechos, identifica mejoras y emite recomendaciones para mejorar la gestión de riesgos, el control interno, y el gobierno de la organización. Una labor en la que sirve a las comisiones de Auditoría, órgano delegado del máximo órgano de gobierno.
Nos encontramos ante una gran oportunidad: que el próximo Gobierno de España, lo ostente quien lo ostente, lidere una progresiva transformación del sector público para alinearlo con otros países de nuestro entorno y con las mejores prácticas internacionales.
La creación de comisiones de Auditoría se ha demostrado clave en el ámbito privado. Y aunque cada organización, tiene sus propias características y necesidades, mejorar el buen gobierno, ayudará a que el sector público sea ejemplar y transparente.
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