“La reforma de la Ley de Sociedades de Capital en relación al riesgo fiscal es una oportunidad para que las grandes empresas aporten transparencia para evitar riesgos reputacionales”
26 de enero de 2015
La última edición de Los Lunes, el ciclo de conferencias que celebra mensualmente el Instituto de Auditores Internos, ha abordado los cambios que establece la Ley de Sociedades de Capital, vigente desde el 1 de enero de este año, que exige la inclusión de los riesgos fiscales en los sistemas de control y de gestión de riesgos de las sociedades cotizadas y obliga a los consejos de administración de las sociedades cotizadas a determinar la estrategia fiscal y la gestión de riesgos de sus empresas, modificando también la función diaria del auditor interno.
De acuerdo con Jesús Gascón, miembro del servicio de Auditoría Interna de la Agencia Tributaria y ponente en esta última edición de Los Lunes, las normativas fiscales se han preocupado durante años de evitar la doble imposición lo que ha provocado a un sistema por el que las grandes empresas con presencia internacional pueden elegir dónde pagan sus impuestos independientemente del país en el que se genera el negocio. El plan BEPS (Plan BEPS-Base Erosion Profit Shifting- de la OCDE y el G20) busca equilibrar esta situación para evitar las planificaciones fiscales agresivas de grupos empresariales que pagan cantidades mínimas de impuestos, un hecho negativo tanto para los gobiernos y países que dejan de ingresar, como para la competencia que no opera a nivel internacional.
En este sentido, Gascón ha destacado que ha cambiado lo que los ciudadanos consideran asumible o aceptable en cuanto a lo que se refiere a estrategia fiscal de las grandes compañías. El Flash Eurobarometer 2013 señala que para el 43% de los españoles el efecto de las empresas en la sociedad es negativo y el 57% cree que las grandes empresas no se comportan de forma responsable. A pesar de que existen antecedentes como el Código Unificado de Buen Gobierno o la Responsabilidad Social Corporativa para promover las prácticas responsables y el respeto a las normas fiscales, era necesario establecer cambios normativos en materia de gestión de estrategia fiscal y el control de riesgos fiscales. “Para las grandes empresas cotizadas que operan a nivel internacional, la nueva normativa supone una oportunidad para que puedan garantizar transparencia hacia la sociedad ante los riesgos reputacionales”, ha señalado Gascón.
La nueva regulación establece que los consejos de administración de las sociedades cotizadas son los máximos responsables de la estrategia fiscal de las entidades y de la gestión de riesgos de su empresa, lo que provoca, entre otras consecuencias, que no pueden delegar esta labor como hacían hasta hora.
En relación con la comisión de auditoría, la ley le atribuye la función de supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales. A estas funciones se añaden la de informar, con carácter previo, al consejo de administración sobre todas las materias previstas en la ley, estatutos sociales y en el reglamento del consejo, en relación con la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial, o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales.
Según ha destacado Gascón, “los riesgos fiscales no son sólo responsabilidad del departamento fiscal, sino que ahora el papel de la comisión de auditoría es determinante. Existen claros puntos de relación entre los riesgos fiscales y las medidas de prevención del blanqueo de capitales y para evitar la responsabilidad penal de las sociedades”.
Como regla general, las sociedades cotizadas ya cuentan con marcos de control y mapas de riesgos, por lo que la nueva ley lo que establece es que los riesgos fiscales estén adecuadamente incorporados. El objetivo en el ámbito tributario debería ser identificar y gestionar las contingencias fiscales que se produzcan en todos los procesos y transacciones de la sociedad, así como prevenir errores en el ámbito fiscal y, si se producen contingencias, detectarlos e intentar solucionarlos, con comunicación de los mismos, si así se decide, a la administración tributaria.
De acuerdo con una encuesta reciente de PwC, tan sólo el 17% de las compañías del IBEX 35 realiza alguna mención a la estrategia fiscal en su documentación corporativa y el 37% publica alguna información relativa a su gobierno fiscal. Asimismo, en cuanto a la administración tributaria, la principal forma de reacción con las empresas es el control a posteriori. Por eso, Jesús Gascón ha destacado que se trata de un proyecto pluridisciplinar que tardará alrededor de una década en funcionar, y que necesita de un cambio cultural, que sólo parece posible con un enfoque progresivo y un amplio consenso.
